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Cada vez más inmigrantes reportan arrestos en los tribunales de Washington, pese a las protestas 

En muchas partes del Estado de Washington, ICE arresta a los inmigrantes indocumentados cuando acuden a sus audiencias o para pagar multas.

Miembros de varios grupos defensores de los migrantes en el Estado de Washington se reúnen frente al Juzgado del Condado de Grant, en Ephrata, WA, el 1 de abril, antes de dar comentarios públicos ante la Junta de Comisionados del Condado. Los activistas acudieron al tribunal para expresar sus inquietudes por los arrestos de inmigrantes indocumentados realizados por ICE y la Patrulla Fronteriza en la propiedad del juzgado. (Fotografía de Jerome A. Pollos para Crosscut)

Hace algunas semanas, Lydia fue a la cama un poco nerviosa. La madre de cinco, 34 años de edad, cuyo nombre hemos cambiado para proteger su privacidad, debía acompañar a su pareja al Juzgado del Condado de Grant en Ephrata para una audiencia en su caso por manejar ebrio.

Había leído en las redes sociales que dos agencias federales – el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) – estaban al acecho en los tribunales locales. No se creía los rumores del todo. Aún así, estaba preocupada.

El día siguiente, mientras ella y su pareja se acercaban al juzgado, doblaron la esquina y ella se percató de una camioneta blanca. “La migra”, pensó. Se le pusieron frías las manos.

“Dije ‘Son ellos’, pero no me creyó”, dijo, refiriéndose a su pareja, con quien llevaba casi diez años. A la conclusión de la audiencia de su novio, un hombre vestido de jeans y una camisa negra que ella sospechaba era un agente de inmigración salió corriendo por la puerta, adelantándose a ellos. Cuando la pareja salió, el hombre gritó el nombre de su novio, lo tiró al suelo, enseñó una placa y lo esposó, explica Lydia. Resultó ser un agente de la Patrulla Fronteriza. Junto a otro agente, escoltó a su pareja a la camioneta.

“Tenemos niños, por favor”, les dice a los agentes en un video del arresto obtenido por Crosscut. “Comprendo que están haciendo su trabajo, pero tenemos cinco niños en casa. ¿Qué les voy a decir a ellos?”

“Solo déjenme abrazarlo una vez más, por favor”, rogó.

Lydia le dijo a Crosscut que su pareja nunca tuvo otros problemas con la ley aparte del cargo por manejar ebrio. Ese caso ocurrió el año pasado, después de la fiesta de despedida de trabajadores del huerto donde su pareja trabaja de supervisor. “Se arrepienta tanto de ese día”, dijo Lydia en una entrevista telefónica. Su pareja había logrado unos cambios importantes en su vida desde que ocurrió el caso, explicó, dedicándose de lleno a su familia y asistiendo regularmente a la iglesia. Ahora pasa sus días encerrado en el Centro de Detención del Noroeste in Tacoma.

En una entrevista en el centro de detención, su novio dijo que los agentes se habían burlado de él y de su familia en el camino a la cárcel en Spokane antes de llegar a Tacoma varios días más tarde, llamándolos “llorones”.

“Tratan a la gente que detienen como basura”, dice Lydia.

Kenneth Chadwick, un ex policía que ahora ejerce el derecho y es partidario del presidente Trump, presentó una queja formal con la Patrulla Fronteriza luego de un incidente reciente en que agentes “maltrataron” y asustaron a su cliente.

“Yo también estaría asustado si dos hombres vestidos de civil me agarraran así sin más”, dijo Chadwick. Los agentes amenazaron con arrestar a Chadwick también, dijo, por el simple hecho de hacer preguntas tales como si tenían una orden de arresto.

Cuando Chadwick le pidió a uno de los agentes que le explicara a su cliente en español que tenía el derecho de guardar silencio, uno de los agentes respondió con un “Sí, claro” sarcástico.

“Para mí, es una exageración”, dijo Chadwick. “Se acercan a la gente de tez oscura así nada más y dicen, eh, ¿quién eres?”

“Yo sé lo que es el buen trabajo policial, y esto desde luego no lo fue”.

Cuando se le preguntó acerca del arresto, Stephanie Malin de CPB dijo que “los hombres y mujeres del departamento se comprometen a tratar a las personas con las que entran en contacto con profesionalismo, dignidad y respeto a la vez que aplican las leyes de los Estados Unidos. CBP toma en serio las alegaciones de mala conducta e investiga todas las quejas formales”.

La detención de su pareja ha afectado seriamente a Lydia y su familia. Los niños han comenzado a dormir en la misma cama con ella, dice. Apenas tienen apetito. Una de sus hijas ha tenido pesadillas.

“Lloro todas las noches antes de ir a la cama. Solo me mantengo fuerte por los niños”, dice.

En cierto sentido, Lydia tuvo suerte. Pudo presenciar el arresto de su pareja. Otras personas han visto a sus seres queridos salir para dirigirse al tribunal para nunca regresar. Luego las familias los buscan desesperadamente como personas desaparecidas, hasta descubrir que han sido detenidos o deportados.

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Frente al Juzgado del Condado de Grant, en Ephrata, WA. (Fotografía de Matt McKnight/Crosscut)

Como los agentes de inmigración frecuentemente van vestidos de civil y conducen coches particulares, algunas personas que han presenciado los arrestos han creído que se trataba de un secuestro y han llamado al 911, según Genia Blaser, abogada del Immigrant Defense Project, una organización con sede en Nueva York.

Los tribunales americanos se han convertido en un nuevo campo de batalla para la aplicación de las leyes de inmigración. Expertos y activistas reportan que los arrestos en los tribunales aumentaron en frecuencia en 2017, después del anuncio del gobierno Trump de que iba a intensificar la aplicación de estas leyes, contratando unos 15,000 nuevos efectivos de ICE y la Patrulla Fronteriza y cumpliendo su promesa de campaña de construir un muro en la frontera sur.

 

En un memorando dado a conocer el año siguiente, ICE aclaró su postura con respecto a arrestos en los tribunales, explicando que sus medidas de aplicación en los tribunales federales, estatales y locales estarían limitadas a ciertas personas, tales como miembros de pandillas o personas con condenas previas o que representan una amenaza a la seguridad nacional. Dejarían tranquilos a los familiares o amigos de migrantes indocumentados, a menos que trataran de intervenir, mantenía ICE. Según el memorando, “los arrestos en los tribunales muchas veces son necesarios debido a la falta de voluntad de las jurisdicciones de cooperar con ICE”.

“Esta falta de voluntad de parte de algunas jurisdicciones de colaborar con ICE en el traslado seguro y ordenado de sujetos extranjeros en sus prisiones y cárceles ha conducido a la necesidad de más arrestos en la comunidad”, señala el memorando. “En años anteriores, la mayoría de las personas arrestadas en los tribunales eran entregadas a ICE por las autoridades locales al salir de la prisión o cárcel, de acuerdo a una orden de detención de ICE”.

Defensores de los migrantes alegan que la expansión de arrestos realizados por ICE y la Patrulla Fronteriza no se trata de contrarrestar las políticas de las ciudades santuario, ni combatir la delincuencia, sino “ir por el blanco fácil”.

“Es totalmente absurdo que digan que es porque las fuerzas del orden público locales no colaboran con ellos”, explica Matt Adams, Director Legal del Proyecto para los Derechos del Inmigrante.

“El Departamento de Seguridad Nacional simplemente se burla de los sistemas judiciales locales y estatales”, continuó. “Lo único que les importa es llegar a su cuota de arrestos”.

La Washington Immigrant Solidarity Network, una coalición de organizaciones de defensa de los derechos de migrantes y refugiados de todas partes del estado, reporta que en los últimos meses, ha recibido un número más elevado de llamadas a su línea directa denunciando arrestos en los tribunales.

“Es como el viejo oeste por aquí”, dice Abigail Scholar, Directora Ejecutiva del grupo de defensa Justicia para Nuestros Vecinos de Washington Central, que ayuda a organizar talleres de “conoce tus derechos” que sirven para informar a los migrantes que no están obligados a divulgar su situación migratoria sin la presencia de un abogado. “Se salen con la suya porque saben que nadie está observando”.

La semana pasada, miembros de la Washington Immigrant Solidarity Network y de Justicia para Nuestros Vecinos de Washington Central interrogaron a la Junta de Comisionados del Tribunal de Distrito del Condado de Grant acerca del aumento en arrestos de migrantes. El Sheriff del Condado de Grant, Tom Jones, dijo que no estaba al tanto de la presencia de autoridades de inmigración. Prometió hacer averiguaciones.

Algunos activistas hacen notar que los agentes de la Patrulla Fronteriza parecen estar trabajando lejos de la frontera, fuera de la zona fronteriza de 100 millas. Pero Adams explicó que la Patrulla tiene la autoridad de buscar y arrestar gente lejos de la frontera, a condición de contar con prueba suficiente. Dentro de 100 millas de la frontera, los agentes tienen mayor autoridad para realizar búsquedas y arrestos.

Abigail Scholar, right, executive director of Central Washington Justice For Our Neighbors, listens to Vanessa Lopez retell the story.
Abigail Scholar, derecha, Directora Ejecutiva de Justicia para Nuestros Vecinos de Washington Central, escucha la historia de una mujer cuyo esposo fue puesto preso por agentes de ICE el 18 de marzo afuera del Juzgado del Condado de Grant en Ephrata, Washington. (Fotografía de Jerome A. Pollos para Crosscut)

En respuesta a nuestras preguntas, la Patrulla Fronteriza insistió en que tiene la autoridad de realizar operaciones en todo el país. Tanya Roman, portavoz de ICE en el Noroeste del Pacífico, agregó que muchas de las personas arrestadas “en o cerca de los tribunales son extranjeros que tienen condenas previas”.

“En la ausencia de un domicilio o empleo conocido, un tribunal puede ser la oportunidad más factible de dar con un sujeto y ponerlo preso”, dijo. “En casos en que los agentes procuran arrestar a un sujeto en un tribunal, se esfuerzan en la medida de lo posible por ponerlo preso en un lugar seguro, lejos del público en general, pero no siempre es posible”.

Pero defensores de los migrantes mantienen que los agentes no siempre se enfocan en criminales, al contrario de lo que mantienen. En muchas ocasiones, las personas objeto van al tribunal por faltas menores tales como contravenciones de tránsito o para prestar testimonio. Un residente de Quincy le dijo a Crosscut que lo arrestaron cuando trató de dar de alta un coche. Dijo que la única vez que había tenido problemas con la justicia fue hace años, cuando lo atraparon manejando sin licencia y seguro de coche.

Gloria Rafaela Salas cries as she listens to her son, J Jesus Zepeda Salas, 14, describe his interactions with Immigration and Customs Enforcement agents.
Gloria Rafaela Salas llora mientras escucha a su hijo, J Jesús Zepeda Salas, 14 años, describir cómo sus interacciones con agentes de ICE lo han afectado durante una reunión en el Juzgado del Condado de Grant. (Fotografía de Jerome A. Pollos para Crosscut)

Expertos dicen que ICE tiene la autoridad de decidir a quién buscar de varias maneras, ya sea colaborando con la policía local, revisando bases de datos del FBI o escudriñando las listas de causas que están disponibles en algunos tribunales, entre otras. Se han denunciado inclusive casos de fiscales que entregan a las personas a las autoridades de inmigración, o agentes que escuchan las conversaciones privadas entre abogados y sus clientes.

En una denuncia por violaciones de derechos civiles presentada por el Proyecto para los Derechos del Inmigrante el año pasado, una persona informó que un agente de ICE “escuchó a escondidas mi conversación con mi abogado defensor en el Tribunal de Condado de Clark en Vancouver, Washington”.

“Mi abogado defensor entró al tribunal y llamó mi nombre. Lo seguí afuera de la sala, y me fijé que un hombre vestido de civil nos siguió al pasillo”, escribió la persona. (Crosscut no revela la identidad de la persona por razones de privacidad.)

“Me senté en una banca con mi abogado en la sala de espera y hablé con él de mi caso. Me di cuenta de que el mismo hombre que nos siguió a la salida de la sala estaba sentado enfrente de nosotros y escuchando nuestra conversación. Y el mismo hombre me arrestó después de salir del tribunal y me dijo que había oído todo lo que le dije a mi abogado”.

El denunciante continuó, “El agente dijo que había sido una conversación entre ‘el personal del tribunal’ y yo, cuando solo fue entre el abogado, el intérprete y yo. Esto fue una violación del secreto profesional entre abogado y cliente y de mis derechos constitucionales”.

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Martín Martínez, de la Spokane Immigrants Rights Coalition, abraza a una de las organizadoras de una reunión en el Juzgado del Condado de Grant en Ephrata, Washington. (Fotografía de Jerome A. Pollos para Crosscut)

La Asociación de Defensores de Washington ha estado monitoreando los arrestos en los tribunales. El año pasado, un abogado de defensa pública denunció que dos de sus clientes fueron arrestados por manejar sin licencia.

“Pensamos que el Departamento de Policía de Quincy está practicando el perfil racial y arrestando a nuestros clientes por eso. Toman sus huellas dactilares en la cárcel y los dejan ir. Luego llaman a ICE y le dicen cuándo tienen su próxima audiencia, y ICE viene y los arresta. Esto no está confirmado, pero en base a las acciones recientes que hemos visto, ese es el patrón que se está dando”, reportó el abogado.

Cuando se le preguntó acerca de la alegación del abogado defensor, el Capitán Ryan Green del Departamento de Policía de Quincy respondió, “Esa no es nuestra política”.

“No les decimos las fechas de las audiencias. No hacemos nada de eso”, dijo Green. La policía de Quincy colabora con ICE, según Green, pero “solo si tienen una orden de arresto para alguien”.

Algunas jurisdicciones locales han tomado medidas para frenar los arrestos en los tribunales. En 2008, el Tribunal Superior del Condado de King promulgó una política para estos arrestos, señalando que “los tribunales deben permanecer abiertos y accesibles para que todas las personas y familias puedan acudir a ellos para resolver disputas de acuerdo a la ley”. Los arrestos por condición migratoria no se permitirían, salvo por orden directa de un juez o por un riesgo a la seguridad publica, según la política. El Tribunal Municipal de Seattle tiene la misma política.

Más recientemente, en 2017, la Juez Presidente de la Corte Suprema del Estado de Washington Mary Fairhurst le escribió al Departamento de Seguridad Nacional que había habido denuncias de arrestos en los tribunales de varios condados de Washington, incluyendo Clallam, Clark, Cowlitz, King, Mason y Skagit.

Steve Parker, with the Spokane Immigrants Rights Coalition, peeks around a doorway to listen to comments
Steve Parker, de la Spokane Immigrants Rights Coalition, se asoma por la puerta para escuchar los comentarios durante una reunión de la Junta de Comisionados del Condado en el Juzgado del Condado de Grant en Ephrata, Washington. (Fotografía de Jerome A. Pollos para Crosscut)

“Estos hechos resultan profundamente inquietantes, ya que interfieren en la misión primordial de nuestros tribunales, que es garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia para todos, independientemente de su situación migratoria”, argumentó.

ICE no entra en ciertos lugares tales como escuelas e iglesias por considerarlos “lugares sensibles”. En su carta, la Juez Fairhurst exhortó a Seguridad Nacional para que extendiera esta clasificación a los tribunales.

El Colegio de Abogados del Estado de Washington siguió su ejemplo, convirtiéndose en el primero colegio de abogados estatal en la nación en oponerse formalmente a la presencia aumentada de agentes de ICE en los tribunales.

El Procurador General del Estado de Washington Bob Ferguson dio a conocer nuevos lineamientos el mismo año.

“El sistema judicial requiere que las personas acudan al tribunal para que pueda funcionar”, según estos lineamientos. “Estos principios son fundamentales si hemos de tener justicia equitativa para todos”.

“Por lo tanto, en la medida en que las acciones de agentes de ICE interfieran en los procedimientos jurídicos, los tribunales y jueces pueden aplicar el orden en sus salas”.

El año pasado, un grupo de defensores de los migrantes interpuso una demanda en Massachusetts contra los arrestos en los tribunales. Pero el tribunal máximo del estado falló en contra de ellos. El mismo año, docenas de ex jueces estatales y federales exhortaron a ICE para que agregara los juzgados a la lista de “lugares sensibles”.

La violencia doméstica es un tema de especial preocupación. Una encuesta nacional realizada por el Asian Pacific Institute on Gender-Based Violence en 2017 reveló que en el Estado de Washington, el 81 por ciento de los intercesores de víctimas informó que víctimas habían expresado su miedo de ir al tribunal por temor a ser arrestadas por su situación migratoria.

En otra encuesta nacional dada de conocer en 2018 por el National Immigrant Women's Advocacy Project y la ACLU, se informó que el 82 por ciento de los fiscales reportó que la violencia doméstica es más difícil de investigar desde que el presidente Trump asumió su cargo. El 70 por ciento de los fiscales reportó lo mismo en relación a casos de agresión sexual, y el 48 por ciento en casos de abuso infantil.

El 54 por ciento de los jueces encuestados reportó que casos habían sido suspendidos cuando una víctima migrante faltó al tribunal por miedo a ser arrestada. Algunos citaron un arresto muy sonado en 2017 como un ejemplo del peor miedo de un migrante hecho realidad. Agentes de ICE arrestaron a una mujer indocumentada que fue a un juzgado en el Condado de El Paso para solicitar una orden de protección contra su novio violento.

Abigail Scholar, right, executive director of Central Washington Justice For Our Neighbors, comforts Gloria Salas
Abigail Scholar, derecha, Directora Ejecutiva de Justicia para Nuestros Vecinos de Washington Central, reconforta a Gloria Salas después de que ella y su hijo de 14 años compartieron sus historias sobre interacciones con agentes de ICE durante una reunión en el Juzgado del Condado de Grant. (Fotografía de Jerome A. Pollos para Crosscut)​

Recientemente, algunos estados han aprobado o propuesto leyes para limitar las actividades de ICE y la Patrulla Fronteriza en los tribunales. La Ley de Valores de California prohíbe el uso de instalaciones estatales y locales, incluyendo los tribunales, para detener a personas sin una orden judicial. La ley fue promulgada en 2017. Un segundo proyecto de ley que se debate actualmente propone “aclarar el poder de operadores judiciales de frenar las actividades que amenacen el acceso a la justicia” al prohibir los arrestos en los tribunales. Nueva York está debatiendo un proyecto de ley, denominado la “Ley de Protección de los Tribunales”, que requeriría una orden firmada por un juez antes de arrestar a alguien en o cerca de un tribunal.

Activistas esperan que Washington considere una legislación similar, posiblemente como parte de la Ley para Mantener a Washington Trabajando, que tiene por objeto prohibir que policías locales y estatales pregunten por la condición migratoria y faciliten la aplicación de las leyes civiles de inmigración. El Senado ya ha aprobado el proyecto de ley.

Pero los arrestos en los tribunales siguen en aumento, tanto aquí como en otras partes del país. En un informe dado a conocer a principios del año, el Immigrant Defense Project señaló que los arrestos de migrantes indocumentados en y cerca de los tribunales de Nueva York han aumentado en un 1,700 por ciento. El número total de arrestos reportados en 2017 y 2018 era 374, contra los 11 reportados en 2016. Según el informe, ICE ha arrestado también a familiares que estaban presentes durante el arresto, y ha hecho arrestos en tribunales civiles.

En un caso documentado en el informe, dos hombres vestidos de civil agarraron a un niño que salía de un tribunal en Brooklyn con su madre y lo metieron a la fuerza a un coche particular. La madre pensó que estaba presenciando el secuestro de su hijo, y les preguntó a los agentes quiénes eran, pero no obtuvo respuesta. Un tercer agente la empujó contra un muro y le dijo varias veces, “cállate”, según el informe.

Mientras tanto, aquí en Washington, Lydia cuida a su familia, pese a las dificultades que sufre porque padece de fibromialgia y no puede manejar. Como asistente de enfermería certificada, trabajo que tiene desde hace más de diez años, gana poco más que el sueldo mínimo. Su pareja también era un empleado muy dedicado, dice ella. Su patrón había escrito una carta por él, calificándolo de responsable, diligente y trabajador. Debía recibir un ascenso pronto.

Lydia lo llama lo más frecuentemente que puede, hasta tres o cuatro veces por día, gastando hasta $40 por día en llamadas. Dice que pesa cada dólar que gasta, consciente de que los costos legales de su caso serán elevados.

“Es como si hicieran todo lo que puedan para alejarte por completo de tu familia”, dijo.

Este artículo fue traducido por Kenneth Barger.

Matt McKnight colaboró en este artículo.

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About the Authors & Contributors

Lilly Fowler

Lilly Fowler is a reporter at Crosscut focused on race, immigration and other issues.

Jerome Pollos

Jerome Pollos traveled the world in the military as he found his life's calling as a photojournalist. He now documents stories of the people and events of the Northwest from his base of operations in Coeur d’Alene, Idaho. Jerome has been published in a number of national and international news and trade magazines winning a number of awards along the way. 

Jen Dev

Jen Dev is a video producer at Crosscut and KCTS 9 focusing on race and immigration issues.